Dr. Julio García / Dr. Héctor Lucena / Prof. José Gregorio Afonso / Pablo Zambrano
Introducción
El presente informe es el resultado de encuestar las condiciones de trabajo en el sistema público de salud. Lo fundamenta la información recogida en 60 centros de salud del país, entre los días 01 y 10 de septiembre.
Este trabajo es un esfuerzo complejo por la misma naturaleza en las cuales se realizan las encuestas, que no tienen aval ni apoyo de los entes que dirigen la salud pública. Son acercamientos desde las propias organizaciones gremiales de los trabajadores, comprometidas con la representación y defensa de afiliados, pacientes y usuarios, y todos aquellos interesados en su protección en los espacios productivos de los trabajadores sanitarios, que se han reconocido como los más expuestos de riesgos de enfermedades, que en el caso de Covid-19 alcanzan a que hayan fallecidos 747 trabajadores del sector salud a la fecha de este informe, que representan más del 18% del total reportado en las cifras oficiales, como lo registra con datos de nombre, apellido, lugar, la organización no gubernamental Médicos por Venezuela, presente en todo el país.
La estructura del informe es: a) Datos de identificación del centro b) Jornada laboral y suficiencia de personal c) Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas y d) Riesgos laborales. Luego de expuesto y considerado cada sección, se presentan un conjunto de consideraciones finales y recomendaciones para cerrar el informe y asumir el próximo
A. Datos de identificación del centro
1.- Se obtuvo información de 60 centros de salud, ubicados en 35 municipios, ubicados en 12 Estados y el Distrito Capital. Dada su densidad poblacional y número de centros de salud en su territorio, la mayor cantidad de las instituciones monitoreadas (25%) se concentraron en este último.
2.- La mayoría de los centros de salud que proporcionaron información para este reporte son Hospitales tipo III y IV. En ellos se concentró el 58% de las respuestas recibidas.
B. Jornada Laboral y suficiencia de personal
1.- La asistencia del personal a los centros de salud es incompleta. Lo que se traduce en la sobrecarga del personal que logra asistir dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia se ha incrementado. En algunas áreas se han presentado casos en los que no hay personal.
Todas las áreas reportan déficit estructural de personal. Este alcanza el 85% de los centros encuestados. Es una consecuencia de la emigración que ha venido ocurriendo y acentuada en los últimos siete años, en donde el factor salarios que no alcancen siquiera para la alimentación, la inseguridad, la incertidumbre en el futuro, el ambiente político no democrático, hace que los trabajadores abandonen empleos fijos del área de la salud a buscar otras alternativas en países latinoamericanos, y lo hacen con todos los riesgos de la incertidumbre y del peligro.
Otros trabajadores, se quedan en el país y optan por dedicarse a otras actividades que les permita mejorar sus ingresos o migrar hacia los centros de salud en el sector privado, en los cuales se remunera mejor que en el sector público al personal. .
3.- Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, junto a un conjunto complejo de carencias que precarizan el ambiente de trabajo, y por supuesto al ejercicio de las profesiones que ahí se requieren; producen la desprofesionalizan de la atención en los centros de salud, cuya especificidad exige a los trabajadores el manejo de competencias para realizar su labor. Ante la ausencia del personal médico y de enfermería:
4.- La insuficiencia de personal se expresa por áreas y por turno también, En todos los casos es superior al 50%, siendo, especialmente crítico, el turno de la Noche, los Domingos y Días Feriados. El turno de la mañana es la jornada con mayor presencia de personal.
La ausencia de personal genera una sobrecarga física, mental y emocional sobre los que aún permanecen trabajando. Se trata de trabajadores que se encuentran en primera línea altamente expuestos y en permanente situación de estrés frente a situaciones excepcionales en las que se involucra el derecho a la vida.
La sobrecarga de trabajo debe ser atendida, porque ella es muy frecuente y suele naturalizarse en espacios de trabajo altamente vinculado a tareas humanitarias y altruistas:
5.- Al déficit estructural de personal, en medio de la pandemia derivada de la Covid-19, se han agregado otros factores más recientes que obstaculizan la asistencia completa y regular de los trabajadores de la salud a sus centros de trabajo. Entre estos están: Las limitaciones de transporte público y la falta de efectivo, los cuales son identificadas por el 77% de los trabajadores como las principales causas que limitan la asistencia del personal los centros de salud:
Los problemas del transporte público y la falta de efectivo son problemas que se han agravado con la pandemia, su solución depende de políticas públicas eficientes, es decir, superarlos es responsabilidad del Estado venezolano, en consecuencia, es él quien niega el derecho al trabajo de los que no pueden llegar a sus lugares de trabajo y por tratarse de centros asistenciales, también hace lo propio con el derecho a la salud de los que acuden a ellos en búsqueda de atención.
6.- El principal medio de transporte de los trabajadores es el transporte público y a pie. Un porcentaje muy pequeño (5%) lo hace en vehículo propio de cualquier tipo y tan sólo el 15% cuenta con transporte suministrado por la institución:
El elevado porcentaje de trabajadores (80%) que se trasladan a sus lugares de trabajo en transporte público (58%) o pie (22%) da cuenta, de un lado, que además de los riegos a contagio que viven diariamente en sus los centros en que laboran, se adiciona los de trasladarse diariamente en la red pública de transporte, identificada como un lugar de alto riesgo en medio de la pandemia. El transporte suministrado por los centros de salud a sus trabajadores forma parte de las medidas excepcionales que los Estados deben asumir en medio de la pandemia para proteger a los trabajadores sanitarios y a la población en general.
Al habitual desgaste físico y mental que sufren los trabajadores del sector salud derivado del déficit de personal, equipos e insumos, así como, el crecimiento de la demanda de atención como consecuencia de la pandemia, hay que adicionar que casi un ¼ de ellos se traslada a pie a sus centros de trabajo, lo que representa un esfuerzo adicional. Estas condiciones atentan contra la salud de los trabajadores, dado que disminuye su tiempo de descanso y recreación.
Tan sólo en el 15% de los centros encuestados se reporta que su personal cuenta con transporte suministrado por la institución, una medida que beneficia a los trabajadores y, además, aporta en la dirección de salvaguardar su derecho a la salud. La OIT recomienda que se diseñen planes, en medio de la pandemia, con los representantes de los trabajadores, en los que se garantice el suministro de material médico y medicamentos, equipos de protección personal (EPP) y los medios de transporte del personal
C. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas
1. Los trabajadores del sistema público de salud son sometidos a condiciones de trabajo precario, con salarios insuficientes, sin seguridad laboral ni incentivos laborales importantes:
La mitad de los trabajadores no recibe incentivos laborales de ningún tipo. El resto, en proporciones muy pequeñas en relación con el total de centros de salud encuestados percibe alimentos (15%), permisos (10%) o aportes monetarios (12%). Una realidad que explica el déficit estructural y coyuntural del personal que labora en los centros de salud del país, pues lo dominante es la ausencia de incentivos y allí donde los hay es poco relevante para considerarse una política nacional de gran impacto.
2. La pandemia es una situación excepcional que ha puesto en tensión a la humanidad. En ese contexto, es recurrente ver diversos Estados, impulsados por organismos internacionales y la acciones de la sociedad civil, instrumentar medidas especiales de incentivo al personal sanitario que encara en primera línea la atención de los contagios en sus localidades. Esta realidad especial demanda medidas especiales que incentiven a los mas expuestos, en este caso el personal sanitario, a mantenerse en sus tareas.
Casi dos tercios del personal de los centros de salud del país que labora en primera línea de la Covid-19 no perciben incentivos adicionales. Además de las garantías de seguridad y salud en el trabajo para el personal sanitario, resulta necesario incentivos extras que estimulen favorablemente al trabajador, en especial, en Venezuela en el que los trabajadores del sector público, incluido el sanitario, antes de la pandemia ya sufren las consecuencias de un trabajo precario y viven una Emergencia Humanitaria Compleja.
Para propiciar incentivos adicionales efectivos, es necesario el diálogo social. Estos deben ser el resultado de acuerdos entre los trabajadores de la salud y las autoridades sanitarias. Sin embargo, la política laboral del Estado venezolano contraria al diálogo social durante la pandemia no ha variado, pese a las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de la OIT. De hecho en el primer trimestre del 2021 firmó, excluyendo a las organizaciones sindicales autónomas del sector salud, la denominada “Acta de la Mesa Técnica de Negociación” cuyo contenido no es interpretado como un incentivo para los trabajadores.
3. ¿Cuáles incentivos? Es la pregunta 3.3
4. El 83% de los centros encuestados manifiesta que Estado venezolano incumple sus obligaciones contractuales con los trabajadores del sector salud. Tan solo el 17% no identifico incumplimiento.
En algunos centros (58%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Esto es que, al tiempo que, por ejemplo, el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para descansos y permisos:
Los centros en que los encuestados identificaron incumplimientos contractuales y/o deudas pendientes, señalaron que la violación de compromisos laborales por parte del empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (42%) y lo relativo a los permisos y descansos del personal (38%). Luego, estarían en proporciones similares, entre sí, la asignación de vacaciones (28%) y el bono nocturno (26%).
D. Riesgos laborales
1. En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores no cuentan con agua potable para beber, que lo señalan los convenios colectivos:
Los trabajadores sanitarios son sometidos a intensas jornadas de trabajo en las cuales muchas veces un trabajador cumple la funciones de varios; en climas calurosos y bajo constante desgaste físico y mental sin contar si quiera con condiciones para permanecer hidratado durante su jornada de trabajo.
2. Contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, dos tercios (67%) de los centros encuestados reportan que los trabajadores no han recibido capacitación sobre medidas de protección:
Una realidad que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores, en especial en un contexto de pandemia. La capacitación debe ser una política institucional permanente, especialmente, ante situaciones extraordinarias como la actual que es dinámica y cambiante. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. La responsabilidad de brindarla institucionalmente es de las autoridades sanitarias del país y de cada centro de salud.
2. En los centros de salud del país se incumple con lo establecido en la resolución 090 la Gaceta Oficial 41.891 MPPS normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19; que estableció cuarentena al personal con condiciones de: mayor a 65 años, enfermedades inmunes, cardiópatas, HTA, diabéticos, respiratorios crónicos:
Como se observa en el gráfico tan sólo la mitad de los centros de salud encuestados cumple con el aislamiento del personal mayor de 65 años, un porcentaje bajo dado su nivel de vulnerabilidad en medio de la pandemia. El resto no considera los riesgos de laborar en tal situación con enfermedades preexistentes y un tercio de ellos (32%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS.
3. Paradójicamente dada su misión, los centros de salud del país, mayoritariamente, no son lugares de trabajo seguro y saludable:
El personal del 87% de los centros encuestados no cuenta con la supervisión y procedimientos regulares orientados brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades.
4. El personal más expuesto al contagio en medio de la pandemia es el sanitario. Es él quien la enfrenta en primera línea en sus trabajos. Por lo que debe haber máximo cuido a las medidas de prevención para evitar que él y por añadidura, su familia se enfermen, así como, si esto ocurre, se le debe garantizar en forma oportuna las pruebas diagnósticas Covid-19. Sin embargo, esto no ocurre así:
En el 82% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, en primer lugar, el tratamiento temprano y eficaz y en segundo momento, el aislamiento preventivo que demanda este tipo enfermedades de tipo viral.
4. En los centros de salud encuestados predomina las limitaciones a la libertad sindical y es constante el abuso de autoridad contra quienes reclaman sus derechos. Se examinó sobre nueve formas de acoso o abuso laboral y ocho de ellas fueron reportados como prácticas presentes en la mayoría de los lugares de trabajo.
La formas de acoso o abuso de autoridad sobre las cuales se indagó fueron: a) Amenazas de despido b) Evaluaciones manipuladas por el patrono c) ascensos no son por méritos d) campañas anti sindicales e) Trabas para presentar una queja ante los jefes f) Acosos o sugerencias sexuales, por parte de jefes u otros g) repercusiones para quienes asisten a actos o protestas h) Personas que malponen a los trabajadores i) Otra situación de acoso u hostigamiento.
De todas estas malas prácticas de gestión del personal, contrarias a la dignidad humana, a la libertad sindical, el derecho a asociación y la protesta, entre otros. La única que no alcanza la mayoría fue “acosos o sugerencias sexuales por parte de jefes u otros”, la cual fue identificada en un 5% del total de centros encuestados. La que alcanzó una presencia mayor fue “amenazas de despido”, una constante en 82% de los centros que conforman este reporte.
En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores sufren amenazas de despido, dicho de otro modo, no solo están en empleos insuficientemente remunerados, inseguros y pocos saludables, sino también inestables, en los cuales deben laborar bajo el asedió constante.
Predomina un patrón que niega derechos individuales y colectivos de los trabajadores:
Individuales:
El 57% reporta que las evaluaciones son manipuladas por el patrón. En coherencia con esa realidad, el 53% indica que los ascensos no son por méritos. La gestión de personal se percibe, mayoritariamente, como negativa, dado que el 63% señala que existen trabas para presentar una queja ante los jefes.
Colectivos
La acción sindical se desarrolla, mayoritariamente, en un ambiente hostil que orienta a limitar la libertad sindical. Casi dos tercios (65%) de los centros encuestados señalan la existencia de campañas antisindicales.
Esta práctica contra las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, se expresa en las restricciones al derecho a la protesta. Se limita la exigibilidad de sus derechos por parte de los trabajadores, cuando en el (75%) de los centros encuestados se reportan repercusiones para quienes asisten a actos o protestas, las cuales en los centros de trabajo, resulta lógico pensar que, en forma predominante, son convocadas por las organizaciones que representan a los trabajadores
