Informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela (Octubre 2021)

Dr. Julio García / Dr. Héctor Lucena / Prof. José Gregorio Afonso / Pablo Zambrano

El gobierno ha dejado de informar lo que ocurre en el ámbito de la salud, no hay estadísticas oficiales confiables y se persigue a quienes denuncien la grave crisis que viven las entidades prestadoras de servicios, como hospitales y ambulatorios. En ese contexto y con especial énfasis, para documentar y denunciar la violación de derechos humanos laborales en el sector salud, se inscriben los esfuerzos de del Monitor Sindical de Venezuela.

I. Jornada laboral y suficiencia de personal

El gobierno no hace nada para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y reducir el déficit de personal en los centros de salud del país. Su inacción, afecta el derecho a la salud de la población, al tiempo que, genera la sobrecarga del personal que logra asistir, dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia, se ha incrementado.

La asistencia del personal a los centros de salud, al igual que en el mes de septiembre, resultó incompleta en todos sus turnos en el mes de octubre. Esto ocurre en casi todos los centros:

a)    El 83% de los centros de salud reportan asistencia incompleta en el área de emergencia; el 78% en la de aislamiento y 88% en la de hospitalización.

b)    Menos de un tercio de los centros de salud monitoreados cuentan con la asistencia completa de su personal por turnos. En la tarde (28%), la noche (28%), y los domingos y días feriados (27%), mientras que en el turno de la mañana (43%) esta cifra no alcanza la mitad de estas instituciones.

c)    Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, además de diversas carencias que precarizan el ambiente de trabajo y el ejercicio de las profesiones que ahí se requieren, producen la desprofesionalización de la atención en los centros de salud. En la ausencia del médico: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, en el 32% por un familiar, en el 32% no son atendidos y un 3% es atendido por personal con competencias. En ausencia del personal de enfermería: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, 20% por un familiar, el 32% no son atendidos y en un 15% es atendido por personal con competencias.

d)    En el 81% de los centros monitoreados, los trabajadores identifican a las limitaciones de transporte público (35%) y la falta de efectivo (46%) como las principales causas que limitan la asistencia del personal.

II. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas

 

a)    En octubre, en relación con septiembre, se incrementó el total de centros de salud en los cuales los trabajadores no reciben incentivos laborales de ningún tipo. Del 53% reportado en septiembre. Éstos pasan en octubre a un 65%, es decir, de la mitad a dos tercios.

b)    En octubre, los incentivos para el personal de primera línea de la Covid-19 es un aspecto que muestra una un pequeño incremento, aunque aún esté distante de alcanzar un estado óptimo. El total de centros de salud, en los cuales este personal recibe beneficios adicionales por su labor creció de 36% en septiembre a 52% en octubre. Esto pudo ser una respuesta la autoridades a la denuncia, hecha por dirigentes sindicales, sobre la existencia de incentivos otorgados discrecionalmente a personal de las áreas de atención de la Covid-19 en algunos centros de salud.

c)    Los tipos de incentivos adicionales que reciben el personal de primera línea de la Covid-19 son: En bolívares (33%) y en dólares (21%). El resto bolsas CLAP (24%), EPP (6%) y en un 15% identificaron otros. Esta desigualdad junto al 48% de centros que no reciben incentivos adicionales, obliga a recordar que existen disposiciones jurídicas nacionales e internacionales dentro y fuera del mundo laboral, que condenan la existencia de prácticas discriminatorias. Ninguna situación excepcional, como es el caso de la pandemia por Covid-19, las legitiman.

d)    En el 82% de los centros monitoreados en octubre, se mantiene el incumplimiento generalizado del Estado venezolano de acuerdos contractuales y/o deudas pendientes. Los compromisos laborales violados por el empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (47%) y lo relativo a la asignación de vacaciones (42%). En algunos centros (67%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Por ejemplo, al tiempo que el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para la asignación de vacaciones.

III. Riesgos laborales

 

a)    El 88% de los centros encuestados, los trabajadores no contaron con agua potable para beber, condición que establecen los convenios colectivos.

b)    En octubre, en relación con septiembre, hay un aumento en el número de centros de salud en los cuales el personal recibió capacitación sobre medidas de protección pasando de 32% a 45%. Sin embargo, aún más de la mitad (55%), contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, no la ha recibido. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. Debe ser permanente.

c)    Continua en octubre en los centros de salud del país, el incumplimiento de  la resolución 090 de la Gaceta Oficial 41.891 MPPS, normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19, Menos de la mitad (48%) de los centros de salud encuestados cumple con el aislamiento del personal mayor de 65 años y un tercio de ellos (35%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS.

d)    De septiembre a octubre, creció del 88 al 93% el porcentaje de centros monitoreados que no cuentan con la supervisión y procedimientos regulares orientados a brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades. En ellos no existe control y vigilancia epidemiológica

e)    En el 85% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, el tratamiento y aislamiento oportuno.

f)     En el 92% de los centros encuestados, el Estado no garantiza el tratamiento del personal de salud que es diagnosticado positivo a la Covid-19. Las precarias condiciones de trabajo unidas a la ausencia de apoyo institucional para la realización de pruebas oportunas para diagnosticar la Covid-19 y para encarar su tratamiento, son factores muy importantes para explicarse la alta tasa de contagios^[1] y mortalidad^[2] por esta enfermedad del personal de la salud.

g)    El acoso y hostigamiento laboral es una práctica extendida y sistemática de las autoridades sanitarias que ejercen el rol de patrón en los centros monitoreados, al no ser prácticas aisladas ni coyunturales muestran que son una política de Estado. En el 70% de los centros, los trabajadores reciben amenazas de despido; en el 58% se desarrollan campañas antisindicales y en el 75% los trabajadores sufren repercusiones si participan en actos de protesta. De este modo, se lesionan derechos laborales individuales, se limita la libertad sindical y se niega el derecho a la protesta de los trabajadores.

 

A modo de cierre

Los trabajadores del sector salud laboran en ambientes laborales inseguros y no saludables, les incumplen con sus derechos contractuales, no se les garantiza protección especial, ni tratamiento contra la Covid-19. Ellos y sus organizaciones sufren en forma permanente acoso y abuso de autoridad.

 

Dado los resultados del reporte de octubre, se plantea al Estado venezolano:

1.    El impulso de mejoras salariales y de las condiciones laborales para disminuir el déficit estructural de personal.

2.    El impulso de una política especial de incentivos incluyentes y no discriminatorios que, en esta coyuntura, reconozca en forma justa a los trabajadores del sector.

3.    Cumplir sus compromisos contractuales y detener sus prácticas recurrentes de acoso y abuso de autoridad contra los trabajadores.

 

El presente informe es el resultado de encuestar las condiciones de trabajo en el sistema público de salud. Lo fundamenta la información recogida en 60 centros de salud del país, entre los días 01 y 10 de octubre.